Aun cuando la semana pasada la oposición no pudo hacer valer su mayoría en la Cámara de Diputados y fracasó en la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, un reciente sondeo de opinión constató que, en materia de educación pública, la preocupación va mucho más allá de la situación particular de la ministra de Educación.

En el Estudio de Opinión sobre Educación, encargado por el Instituto Igualdad a Criteria Research, los resultados dejan al Ejecutivo en situación de repitencia, ya que el 70% de los encuestados reprueba la gestión del Gobierno en cuanto a mejorar la calidad de la educación pública. La cifra es levemente menor, un 67%, cuando le preguntan a la gente por la gestión en mejorar la equidad de la educación.

 

Sobre la ministra Cubillos, el 70% de la población opina que ha mantenido una actitud confrontacional durante su gestión. Solo el 30% cree que ha tenido una actitud colaborativa.

Ante la consulta cerrada “La actual política educacional del Gobierno, ¿impacta poco o nada en la calidad de la educación en Chile?”, el 62% se mostró de acuerdo, mientras que el 38% estuvo en desacuerdo.

Finalmente, el estudio realizado a un universo de 814 encuestados, afirmó que la formación de los profesores, la calidad de la educación preescolar y la mejora en los planes de estudio, constituyen las medidas más importantes para mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país.

  • Lee los resultados del estudio en el siguiente enlace.

Ahora bien, en cuanto a la acusación constitucionl, la misma encuestadora, en una medición realizada entre el 17 y el 30 de septiembre, arrojó que entre el 63% de los encuestados que ha escuchado o leído sobre el tema de la acusación, un 44% estaba de acuerdo con el libelo presentado por la oposición y un 49% a favor de la idea de que la ministra pudiera ser destituida producto de dicha acusación. En cambio, un 30% estaba en desacuerdo con esta herramienta.

Al mismo tiempo, este 63% tiende a creer como “genuinos” los motivos de la oposición tras la presentación de la señalada acusación, más que como “excusas para entorpecer la labor gubernamental”, como argumentaba el Gobierno.