El Presidente Sebastián Piñera abordó la contienda entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema y sostuvo que como Gobierno “estamos preparados para modificar leyes e incluso la Constitución”.

La postura de Piñera marca un giro, y revela que el Gobierno está disponible a tomar acciones concretas, ya que hasta el momento el Ejecutivo se había limitado a calificar la pugna como “extraordinariamente delicada y grave”, como indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y de generar una “gran incerteza jurídica”, según señaló el canciller Teodoro Ribera.

Al finalizar su participación en Paracas, en el Encuentro Presidencial y III Gabinete Binacional entre Chile y Perú, el Mandatario explicó que “por supuesto que preocupa cuando hay dos interpretaciones que se contrastan, la que ha planteado la Tercera Sala de la Corte Suprema y la que ha planteado el TC. Por eso, la posición del Gobierno es buscar los caminos para que esas diferencias de opinión se resuelvan”.

El mandatario añadió que “cuando hay diferencias de opinión se pone en cuestión, se debilita el Estado de Derecho y hemos dicho que si fuera necesario vamos a recurrir a la capacidad de normar, a través de la ley, de reforma a la ley orgánica, o a través de reforma a la propia Constitución para que la institucionalidad en Chile sea clara, acordada y respetada por todos”.

“Esperamos que esto se pueda resolver directamente entre las partes y de lo contrario estamos preparados para modificar leyes, leyes orgánicas e incluso la propia Constitución para evitar que estas discrepancias o estas diferencias de opinión respecto de la competencia de la Corte Suprema o del TC se repitan”, añadió.

Durante esta jornada, la Tercera Sala del máximo tribunal, que preside el ministro Sergio Muñoz, emitió una declaración para defender su sentencia luego de la dura respuesta del Tribunal Constitucional que aseguró que “el TC no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema”.

La sala de la Suprema insistió en su criterio, al sostener que “la autonomía constitucional” del TC “no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la Carta Política contempla, puesto que no ampara aquellas que se han realizado al margen de las atribuciones confiadas por la Constitución o la ley”.