La tensión no sólo se apoderó de las calles del país. También del Congreso, porque en una polémica sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto que suspende el alza del transporte público, una de las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de contener el malestar ciudadano.

La iniciativa fue aprobada con 103 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y ahora debe ser vista mañana lunes en el Senado.

Los ánimos se caldearon luego que en la Sala se generara un debate sobre la seguridad, luego que el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, reportara en el Congreso una serie de supermercados saqueados y pidiera ayuda para responder a la situación de emergencia, y tomando en cuenta que inicialmente la jornada estaba convocada para una sesión especial para analizar la situación de crisis que azota al país.

Ante ello, algunos sectores comenzaron a discutir sobre la posibilidad de suspender la sesión o que se votara el proyecto en discusión, tras lo cual, el diputado Jorge Brito (RD) dijo que el Frente Amplio se iba a retirar de la Sala, generando una pelea a gritos, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión.

Finalmente, el FA volvió a la sala y votaron a favor. El diputado Pablo Vidal (RD)  calificó el incidente como un “impasse lamentable” y explicó que después “volvimos la Sala y cumplimos con nuestro deber. Ahí estuvimos y votamos a favor”.

Distinta fue la actitud de la bancada del Partido Comunista, que decidió no votar.  “Mientras haya milicos en la calle, la bancada del PC no votará en el Congreso”, dijo la diputada Carmen Hertz en tanto Camila Vallejo planteó que “nos negamos a legislar proyectos de gobierno con los militares en las calles. Exigimos el restablecimiento de la democracia, el fin de la represión del pueblo y el término de la escalada de violencia”.

En tanto, los representantes de la DC, PPD, PS, FRVS y PR estuvieron en general por aprobar la propuesta, pero como punto de partida en un plan que considere otras demandas sociales, particularmente en materia de pensiones.

Desde el oficialismo, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, calificó a la bancada frenteamplista de una “inmadurez tremenda”. “No es momento para ‘subirse por el chorro’, porque no son ellos los que gobiernan”.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley (3.500 millones de pesos para el año 2019, según el informe financiero) se financiará con los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En lo que falte, del Tesoro Público.