Un grupo de 19 organizaciones y 76 personas naturales, firmaron una declaración en rechazo al proyecto de Reforma de Ley para dotar a las Fuerzas Armadas de la facultad para resguardar infraestructura crítica, al considerar que la iniciativa representa un “retroceso respecto a la gestión de la fuerza” y que es un “estado de excepción constitucional velado”. 

La carta sostiene que la reforma intenta, por medio de la represión, “sofocar la protesta social ” y que ante un problema político-social, el Gobierno quiere responder nuevamente con más violencia, prescindiendo de las discusiones de fondo y endosando la responsabilidad del uso de la fuerza a las Fuerzas Armadas. Este proyecto es en el fondo, un estado de excepción constitucional velado, sin control del Congreso y con múltiples facultades discrecionales que el Presidente podrá entregar -por vía administrativa- a las Fuerzas Armadas”.

“Normalizar un estado de excepción de modo velado es un atentado contra la democracia”, agregan.

Las organizaciones y personas firmantes también critican la opción de circunscribir “la exención de responsabilidad a estándar de actuación regulados en cuerpos administrativos, de manera innecesaria, ya que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla esas situaciones en cuerpos legales y son los jueces de fondo llamados a pronunciarse sobre ellas”.

“Este año, entre los días 19 y 27 de octubre, en que fuerzas de orden estuvieron en las calles en el contexto de Estado de Emergencia, al menos 3 personas murieron y cientos fueron heridos, golpeados, víctimas de violencia sexual y de lesiones producto de armas de fuego. La violencia sexual, en particular, se ejerció con más fuerza contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBT. Esta situación fue dada a conocer por diversos informes del INDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch”, recordaron.

También calificaron de incoherente que el Gobierno defienda esta iniciativa “basándose en experiencias de países europeos, alguno de los cuales no han vivido siquiera una dictadura”.

Finalmente, las organizaciones manifestaron su rechazo a este proyecto de reforma “por considerarla una tentativa de persecución y represión a la protesta social, exponiendo a toda la sociedad civil a militares que no están entrenados para controlar el orden público interno, sino para exterminar enemigos. Además de acudir a esta vía, creemos que es necesario robustecer la institucionalidad existente en orden a conciliar el legítimo derecho a protestar y mantener la seguridad pública, respetando plenamente los derechos de todos y todas. Sólo de esta manera, honraremos nuestro pasado, respetaremos nuestro presente y construiremos un futuro más digno”.