La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes -por 126 votos a favor, 6 en contra y 25 abstenciones- el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre la Cámara y el Senado en torno al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que busca dejar atrás al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pese a lo contundente del resultado, la votación no estuvo exenta de controversia, porque la oposición consiguió aprobar en las disposiciones transitorias que la ley entre en vigencia una vez promulgada y publicada la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que se encuentra en segundo trámite en el Senado.

Uno de los más críticos fue el diputado independiente René Saffirio, quien lamentó la aprobación del proyecto señalando que se trata de un cambio sin profundidad. “La propuesta aprobada permite que todo siga funcionando igual, bajo la misma filosofía de dejar al Estado sólo financiando sin hacerse cargo de los niños vulnerables y vulnerados (…) se derrochó una oportunidad histórica de cambiar de verdad”, indicó.

Saffirio fue uno de los 6 votos en contra, junto a los RN Eduardo Durán, Leonidas Romero, Francesca Muñoz, el radical Cosme Mellado y el exUDI Ignacio Urrutia.

“Proyecto insuficiente”

Otros diputados reaccionaron a la aprobación de este proyecto, como la parlamentaria de Revolución Democrática (RD), Natalia Castillo, quien manifestó en su cuenta de Twitter que se trata de un “proyecto insuficiente pero que incluye la responsabilidad explícita del Estado en el cuidado de NNA y que quedará supeditada a la promulgación de la Ley marco de Garantías de la Infancia”.

Saffirio ahondó en sus críticas, añadiendo que “la propuesta aprobada no cambia el sistema de financiamiento; no cambia a las instituciones administradoras del sistema; faculta al Presidente de la República para traspasar a funcionarios del SENAME al nuevo servicio manteniendo residencia y sueldo”.

El exDC sostuvo además que “el Estado no garantiza los derechos de los niños, sólo financia a las mismas entidades cuestionadas y deja al arbitrio de ellas la administración del sistema; ordena a la Subsecretaría de la Niñez la facultad fiscalizadora, sin asignar recursos, sólo dice que Ministerio de Desarrollo Social los tiene”.

Además, su entrada en vigencia está sujeta a la aprobación de la Ley de Garantías y Derechos de Los Niños, “otro proyecto con años de tramitación pendiente, destacó.

Este último punto además puede provocar otro flanco de conflicto con el Ejecutivo porque -según explicó el DC Matías Walker- “lamentablemente es probable que el Presidente Sebastián Piñera vete lo aprobado que dispone que ambas leyes entren en vigencia de manera conjunta, dada la presión de grupos ultra conservadores que no creen en principios como el interés superior de NNA y la autonomía progresiva”.

Según el diputado de la Democracia Cristiana, “resulta fundamental que esta ley entre en vigencia junto con ley de garantías, de manera de tener un sistema integral de protección de derechos de la infancia. Así lo aprobamos”.

Contenido del proyecto

La nueva institución aprobada hoy vendría a reemplazar en estas materias al actual Servicio Nacional de Menores (Sename). La iniciativa define a este organismo como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Su objetivo es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, a través del diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.

El texto también asigna a la institución el deber de garantizar, dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales.

La iniciativa propone que las residencias serán la última opción para niños, niñas y adolescentes. Siempre se procurará preferir a la familia extensa y las de acogida, teniendo presente el principio de la re-vinculación familiar en todo el proceso.